El Supremo pide al Congreso que levante la inmunidad de Ábalos al apreciar “indicios cualificados” de que cometió al menos cuatro delitos | España | EL PAÍS
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda pedir permiso al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra él “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación
El instructor entiende que “ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible recabar la autorización de la Cámara para avanzar en la investigación
La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, se dirigirá en los próximos días al Congreso para cursar el denominado suplicatorio, el permiso necesario para investigar a los diputados
El instructor del Supremo no ha esperado ni 24 horas desde que, este martes, acabara la ronda de declaraciones de los tres imputados en la causa para solicitar el fin de la inmunidad de Ábalos, que mantiene el blindaje de los aforados al pasarse al Grupo Mixto del Congreso después de que el PSOE le reclamara el acta cuando estalló el caso
En un auto dictado este miércoles, el juez advierte de que las declaraciones prestadas esta semana por el principal comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, y el que fuera el asesor de Ábalos, Koldo García, así como la del propio exministro del pasado jueves, han apuntalado los indicios que ya existían contra todos ellos
“Existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad”, señala el instructor. perspectivas.dian.gov.co